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La presidenta del parlamento, Cilia Flores, se presentó a media tarde para encargarse del debate de los instrumentos jurídicos con los que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) estará ahora abanderada en todas las estaciones de servicio del país y el Estado pasará a controlar 60% del transporte de combustibles líquidos.
Confiscación
Con 16 artículos, el Poder Legislativo selló la próxima compra estatal del año: las empresas transportistas de gasolina. El número de compañías estatizadas será decisión del Ministerio de Energía y Petróleo, pero hasta ahora se estima una inversión cercana a los Bs.F 700 millones.
El criterio de compra será, precisamente, acabar con la “concentración de mercado”, lo que supone que las mayoristas LlanoPetrol, Trebol Gas, PetroCanarias, BetaPetrol, Petrolea, Texaco, CCM, Mobil y BP estarán seguros en la lista.
De allí que el diputado Juan José Molina argumentó que “es una ley confiscadora que viola la libre competencia fijada en la Constitución”.
Molina insistió en que se trata de “una normativa que busca confiscar los bienes, los transportes y las propiedades de las personas que manejan algún tipo de aglutinamiento de propiedades que se puede aplicar a cualquier nivel y a cualquier término”.
Sus alegatos reposan en el cambio del artículo 2 que inicialmente establecía que cualquiera con más de cinco gandolas entraba en ese monopolio del mercado y que se aprobó sin fijar un número de unidades.
Sin embargo, Ángel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía y Minas, ratificó no sólo que se trata de un área estratégica de los servicios públicos, sino que la motivación es también brindarle mejor atención a los clientes de las estaciones de servicio.
No más comisiones
La Ley de tarjetas prevé la eliminación de las comisiones por emisión de plástico bancario, el envío de estados de cuenta y, más importante, la prohibición del cobro de intereses sobre intereses.
“Esta práctica perversa hace impagable las deudas de los tarjetahabientes”, señaló el diputado Darío Vivas.
El texto -que estaba engavetado desde 2005- plantea, además, la creación de un Comité de Usuarios para las tarjetas, conformados por asociaciones civiles debidamente organizadas. Vivas recalcó que este instrumento beneficiará a 10 millones de usuarios.
Abanderamiento
El diputado Ángel Rodríguez apuntó que la Ley del Mercado de Combustibles plantea el abanderamiento de las bombas con el logo PDV. Esto busca profundizar la calidad del servicio, inversión en infraestructura, diversidad de tiendas, agua, aire y baños.
Norma prevé reembolso inmediato
Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás formas de Pago Electrónico, contempla que siempre que ocurran clonaciones de tarjetas será la entidad bancaria la responsable de probar la participación de los tarjetahabientes en el delito. De resto deberá presumir “buena fe” y reembolsar el dinero de inmediato al tarjetahabiente.
“La ley que recoge el espíritu, motivo y razón de la defensa del tarjetahabiente, ya que, los mismos estaban expuestos a ser víctimas de la clonación de su tarjeta (crédito o débito), al igual que podía ser hurtado e incluso estafado; sin que con ello, la entidad financiera estuviera obligada a responder e indemnizar al afectado”, expresó el diputado Darío Vivas.
Agregó el parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela que la norma busca obligar al emisor a proporcionarle de manera clara, precisa y notoria la información adecuada y no engañosa al tarjetahabiente, asimismo espera hacer justicia social para todas aquellas personas que han sido víctimas de algún tipo ilícito por parte de las entidades bancarias.
Críticas
El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, advirtió sobre los riesgos que podría traer la norma. Indicó que el texto no permite que la banca pueda certificar el registro de buen o mal pagador, lo cual podría ser perjudicial para las entidades financieras.
“Si la banca no tiene capacidad de revisar el status o el récord crediticio de cada personas, el buen récord no puede ser valorado, por lo tanto será una persona desconocida. Lo que estamos viendo en esta nueva ley son mayores riesgos para el sector bancario. El riesgo se traduce en depresiones en el otorgamiento de créditos”, señaló el presidente de Anauco.
De interés
65 artículos contiene la ley de tarjetas que fue aprobada en primera discusión durante 2005 y que fue paralizada después de recibir veto presidencial. En 2007, el Banco Central de Venezuela emitió un informe con el compendio de sus sugerencias.
