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No en vano, la Coalición Proacceso reunió ayer a un panel de expertos en el Hotel Paseo Las Mercedes para que en el II Seminario Internacional del Derecho a la Información Pública, se insistiera en la idea de que los ciudadanos son los más favorecidos cuando los organismos públicos revelan en detalle toda la información relacionada a los proyectos, los contratos firmados y sus propios gastos administrativos.
Hiram Morales, Jefe de la Oficina Ética de Puerto Rico, resumió la idea: “El acceso a la información es primo, o mejor, hermano de la lucha contra la corrupción”.
Panorama nacional
Carlos Correa, director de Espacio Público, no quiso emitir opiniones sobre la corrupción en tierras venezolanas o sobre el proyecto de Ley de Acceso a la Información que todavía no forma parte de la agenda legislativa.
Correa, como buen representante de los investigadores, prefirió presentar el estudio de 46 solicitudes de datos que hicieron en distintos organismos del Estado, entre los que se incluyen la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Salud e incluso, el Tribunal Supremo de Justicia durante 2006.
El experimento donde participaron estudiantes, investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello e integrantes de la propia asociación civil Espacio Público, apenas logró conseguir cuatro respuestas positivas a las peticiones de información donde se aspiraba conocer detalles como los salarios de la alta gerencia de un determinado ente gubernamental.
El resto, 87% de las solicitudes, fueron rechazadas porque los organismos consideraron que no se trataba de datos públicos. La conclusión del informe es clara: “el derecho al acceso a la información en Venezuela no está debidamente garantizado”.
Sin embargo, el artículo 51 de la Constitución Nacional sigue impoluto con su mensaje: “toda persona tiene el derecho de dirigir peticiones ante cualquier autoridad o funcionario público sobre los asuntos que sean de su competencia y obtener oportuna y adecuada respuesta”.
Experiencia mexicana
Desde el año 2002 en tierras mexicanas existe el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y sólo hasta septiembre de este año, se cuentan más de 346 mil solicitudes.
Alonso Lujambio, presidente del IFAI, detalló que el Instituto de los Seguros Sociales y la Secretaría de Educación son las dos instituciones a las que los ciudadanos suelen dirigir más peticiones de datos.
El instituto mexicano no sólo se limita a procesar las solicitudes que pueden venir sin número de identidad o incluso firmadas por “Mickey Mouse”, sino que también el organismo publica las respuestas para que cualquier persona pueda acceder a la información en la página web del organismo.
“No importa quién eres o para qué quieres la información. Si es pública, el Estado debe ayudarte a conseguirla de forma gratuita y con rapidez” advirtió Lujambio.
Anzoátegui arriba
Los 13 integrantes del Consejo Legislativo de Anzoátegui aprobaron en noviembre del año pasado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se convirtió en el primer estado del país en garantizar el derecho. Se intentó contactar al diputado Luis Figuera para hacer un balance del tema, pero no pudo ser ubicado por vía telefónica.
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