BOGOTÁ.- La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navanethem Pillay dijo ayer que las ejecuciones extrajudiciales en Colombia parecen ser “una práctica sistemática” por parte del ejército, lo que convertiría este delito en un crimen de lesa humanidad.

La delegada internacional terminó el sábado una visita oficial a Colombia de seis días, durante los cuales observó cuando el presidente Alvaro Uribe relevó a docenas de militares presuntamente implicados en delitos de ese tipo.

“Nosotros estamos observando y manteniendo un registro de ejecuciones extrajudiciales (en Colombia) y parece ser que efectivamente sea sistemática esta práctica, advirtió Pillay, en una rueda de prensa en Bogotá.

Pillay explicó que la ejecución extrajudicial se "convierte en delito de lesa humanidad si es difundido y sistemático contra la población".

Alentó para que sean las autoridades las "que investiguen estos crímenes y persigan a los autores".

Un informe presentado en el foro "Ejecuciones extrajudiciales: una realidad inocultable", organizado por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, colectivo integrado por distintas organizaciones no gubernamentales (ONG), daba cuenta de 535 casos de ejecución extrajudicial en Colombia del 1 de enero de 2007 al 30 de junio de 2008.

Esa cifra supone, en promedio, una víctima diaria, y de ellas el 58 por ciento eran menores de 30 años. El documento indica que el Ejército colombiano es el mayor responsable de las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, pues se le atribuye el 93,7 por ciento de los casos.

Duras críticas de Uribe
Sin referirse al informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Uribe en un acto separado lanzó fuertes críticas contra Human Rights Watch y Amnistía Internacional, dos organismos internacionales independientes de derechos humanos que han censurado acciones de su gobierno.

El gobernante atacó verbalmente al director de para América Latina de HRW, el chileno José Miguel Vivanco, cuyo trabajo descalificó por considerar que lo realiza “por rencor personal”.

“Quiero recordale al señor Vivanco que él no es el profesor nuestro en derechos humanos y que no lo recibimos como tal, que aquí le perdimos el respeto hace mucho rato", afirmó Uribe Vélez.

El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez expulsó en septiembre a Vivanco por difundir un informe crítico de la situación de derechos humanos en Venezuela.

Vivanco presentó mediados de octubre en Bogotá un informe de su organización, según el cual el gobierno del presidente Uribe obstaculiza y socava esfuerzos judiciales para desmantelar el paramilitarismo e investigar los asesinatos que se le imputan a esas bandas.

Finalmente, Pillay envió un mensaje a las guerrillas para que liberen “de inmediato y sin condiciones” a todos los secuestrados en su poder y advirtió que “la toma de rehenes, en la que las personas son mantenidas en las condiciones más infrahumanas... puede ser considerada un crimen de lesa humanidad”.

De interés
27 militares, incluidos tres generales, fueron destituidos por su supuesta implicación por acción o negligencia, en la desaparición y posterior asesinato de 11 hombres de una barriada del sur de Bogotá. Sobre esa materia, Pillay aplaudió la “valiente” actuación de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por procesar a unos 70 políticos con presuntos vínculos con la extrema derecha.