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La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, avaló la decisión del Ejecutivo de revisar y revocar las concesiones a aquellos medios que generen “zozobra y perjudiquen al Estado”, alegando que la libertad de expresión no puede estar por encima de la paz social.
En una entrevista ofrecida al canal del Estado, Ramírez afirmó que algunos medios no han actuado con apego a las leyes.
“Desde que el presidente Chávez llegó al poder ha habido una política comunicacional de ataque, de afrenta a todo lo que ha sido la gestión de gobierno, sea buena o mala, y de enaltecer todo lo que hace la oposición, sea malo o bueno”.
Fustigó la posición de Globovisión, al señalar que desde el 2000 no ha cambiado su línea editorial contra el gobierno.
Medida para todos
Pero a Patria Para Todos, no le parece que se deba llegar al extremo de cerrar a la planta de noticias. Uno de sus dirigentes, Gustavo Hernández, expresó que la acción no le “haría nada bien a la revolución”. Advirtió que las leyes deben aplicarse a todos por lo que es partícipe del debate sobre los “excesos” cometidos en medios privados y públicos.
Carlos Aquino, del Partido Comunista de Venezuela, se inclinó porque a la hora de sancionar a un medio se tomen criterios “estrictamente jurídicos” y no políticos.
La crítica pecevista se extendió a los medios del Estado: “Un medio no es revolucionario cuando sólo exagera las cosas buenas del proceso. Debe ser autocrítico”, afirmó.
De su lado, el investigador de la comunicación, Antonio Pasquali, dijo que si la medida de cierre contra Globovisión se concreta, “Chávez sacaría tarjeta internacional de dictador en su más alta categoría”.
En torno a los alegatos según los cuales la televisora juega con la salud mental de los venezolanos, señaló que el único que lleva adelante esta práctica es el gobierno con sus “incesantes llamados al odio de clases”.
Calificó de “irracional” la decisión presidencial de pasar Conatel a Obras Públicas e indicó que el único justificativo de ello es que “al frente de dicho Ministerio está uno de sus escuderos más obedientes encargado de faenas sucias”.
Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Vanessa Davies, llamó a debatir sobre el papel de los medios “sin chantajes”. “No puede ser que cada vez que se hable del tema comienza el chantaje porque resulta antipático para gente con latifundios en el espectro radioeléctrico”, fustigó.
El también pesuvista, Carlos Escarrá, comparó el latifundio de la tierra con el radioeléctrico. Dijo que cuando ambos se usan “indebidamente” el Estado debe intervenir para lograr un sistema justo. En este sentido, aseguró que la propiedad privada “no es un derecho absoluto” en ningún lugar del mundo.
El secretario general juvenil de Acción Democrática, Ángel Medina, criticó que el Ejecutivo siga “insistiendo en violentar la libertad de expresión al colocar como bateador designado para el cierre y control de los medios que han tenido una línea de crítica, a Diosdado Cabello, el intocable del gobierno nacional (...) que hasta el día de hoy con pruebas de corrupción presentadas no ha sido ni tocado ni investigado”.
Estado y medios
El comunicólogo Marcelino Bisbal, reflejó en una de sus investigaciones más recientes que el Estado tiene en su poder 36 televisoras: VTV, Ávila TV, TVes, ANTV y Vive TV, entre otras. Además, dijo que tiene injerencia en 73 periódicos comunitarios y 227 radioemisoras AM y FM. A su juicio, no se puede hablar de democratización mediática desde el Estado.
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