TEGUCIGALPA.- El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, está obligado a aceptar la decisión del Congreso sobre su restitución incluso si se pronuncia en contra, aseguró hoy la comisión que negoció y firmó en nombre del gobernante de facto, Roberto Micheletti, el Acuerdo Tegucigalpa-San José.

"Todos aceptamos que es vinculante sea cual sea la decisión", aseguró Arturo Corrales, miembro de esa comisión y nominado por Micheletti como su representante en la Comisión de Verificación del pacto, en un encuentro
con la prensa internacional.

"El consenso de ambas comisiones fue que lo que el
Congreso decida lo respetamos las partes, las comisiones (de Micheletti y Zelaya) y los protagonistas de este acuerdo y, asimismo, la comunidad internacional", añadió Vilma Morales, portavoz de la delegación.

El Acuerdo alcanzado la semana pasada por ambas partes durante una visita de una misión de EE.UU. encabezada por el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, establece que el Congreso debe decidir sobre la restitución en consulta con otras instituciones del Estado como la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, Zelaya aseguró el pasado fin de semana que
considerará roto el pacto si el Legislativo no lo restaura en el poder y que debe hacerlo antes del jueves, cuando se debe conformar, de acuerdo con el tratado, un "Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional".

Los integrantes de la comisión reconocieron que ese Gobierno debe ser acordado entre Zelaya y Micheletti, pero aseguraron que el acuerdo solo establece que para el jueves deben estar elegidos sus ministros y viceministros, pero no quién lo dirigirá.

Para la vicecanciller del Gobierno de facto, Martha Alvarado, las declaraciones del mandatario derrocado "demuestran la intolerancia de Zelaya de no respetar acuerdos".

Los representantes de Micheletti rechazaron la aseveración de Zelaya sobre que ambas comisiones solicitaron al Parlamento que aprobara la restitución y que el acuerdo haga alguna recomendación en tal sentido.

"En ningún párrafo ni directa ni indirectamente se puede deducir que nosotros le hacemos ninguna propuesta en un sentido o en otro al Congreso. No hay una coma en todo que diga eso", afirmó Corrales.

Armando Aguilar, jefe de la comisión, indicó igualmente que no hay ningún compromiso verbal ni acuerdo bajo la mesa sobre este asunto.

"Después de ese papel no hay nada bajo la mesa, absolutamente nada. Todo lo acordado está escrito en este papel y en idioma castellano", declaró.

En cuanto a que Zelaya considere que si no está restituido el jueves se rompería el acuerdo, señalaron que las disposiciones finales del pacto establecen que la Comisión de Verificación debe interpretar los términos del documento.

Dicha comisión estará integrada por Corrales, el embajador del Gobierno de Zelaya en la ONU, Jorge Reina, el ex presidente chileno Ricardo Lagos y la secretaria estadounidense de Trabajo, Hilda Solís.

Respecto a los motivos de su contraparte para aceptar este acuerdo, aseguraron desconocerlos, aunque Aguilar expresó algunas hipótesis.

"Yo pensaría que ellos firman el documento (...) porque, igual que nosotros, estaban muy interesados en validar el proceso electoral, (...) estaban plenamente conscientes de que si no había firma del acuerdo el pueblo hondureño iría
a las urnas pero en falso", sostuvo.

En este sentido, el jefe de la delegación de Micheletti reveló que la comisión estadounidense "lo dijo muy claro: Si no hay acuerdo no hay apoyo al proceso electoral".

Asimismo, Aguilar dijo que, al igual que su comisión, los representantes de Zelaya "estaban absolutamente seguros de que, si no firmaban el acuerdo, quedaban muy mal frente la comunidad internacional y decidieron jugarse la suerte en el Congreso Nacional".

Por su parte, Alvarado recordó que "el Congreso prácticamente por unanimidad (...) aprobó este proceso de sustitución presidencial" el pasado 28 de junio, después de que Zelaya fuera expulsado del país y que "las posibilidades de que se retrotraiga parecen lejos".