CARACAS.- "Hemos venido a insistir en que tiene que cumplirse la Carta Democrática Interamericana (...) Por eso, hemos invocado la protección y la mediación de OEA", señaló Marcel Granier desde la sede del organismo en Caracas, organismo al cual acudió para pedir mediación y protección, luego del segundo cierre del canal, hace dos semanas .

"Es indispensable que América Latina tome conciencia de las violaciones que a diario están ocurriendo aquí", sostuvo Granier.

Posteriormente, el presidente de RCTVI se dirigió a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), para presentar los documentos que le acreditan como "productora internacional".

La Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción (Cavetesu) suspendió "temporalmente" las transmisiones de RCTVI y cinco cadenas de televisión, "hasta tanto" cumplieran la ley vigente o fueran recalificadas por la Conatel como "productores internacionales", lo que ocurrió en los días siguientes en todos los casos excepto RCTVI y la peruana América TV.
"Entregamos los documentos de manera que quedara de forma clara y fehaciente que cumplimos con las leyes de Venezuela", manifestó Granier tras entregar los documentos a un funcionario en Conatel.

Asimismo, el presidente de RCTVI reiteró sus críticas a la situación de la libertad de expresión en Venezuela, que considera objeto de "ataques permanentes" por parte del Gobierno de Hugo Chávez.

"Señor presidente: no siga violando la Constitución, usted está obligado a oír a los venezolanos, usted no puede seguir desuniendo a los venezolanos, cumpla con su deber, no siga las consignas que le envían desde Cuba", aseveró Granier.

La suspensión de RCTVI ha sido denunciada por la oposición venezolana como un nuevo "zarpazo" a las libertades democráticas, y generó manifestaciones a favor y en contra en todo el país, que dejaron un saldo de dos jóvenes muertos y decenas de heridos.

RCTVI es la continuadora de RCTV, que dejó de emitir en abierto en mayo de 2007 debido a que el Gobierno venezolano no le renovó el permiso de transmisión que otorga el Estado con el argumento de era una cadena "golpista".