BARCELONA.- En el parlamento anzoatiguense se debatió ayer, en primera instancia, el proyecto de Ley de Incentivo y Promoción para la Participación de las Personas y Comunidades en la Defensa, Protección y Salvaguarda de sus Derechos de Acceso a Bienes y Servicios.

Según explicó el diputado Irán Aguilera, presidente del Consejo Legislativo Estadal (CLE), el articulado se sustenta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la recién aprobada Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

Dijo que el proyecto contempla 28 artículos y confiere a los ciudadanos atribuciones especiales para aplicar contraloría a establecimientos donde se sospecha haya especulación, acaparamiento y usura.

“La intención es ubicar a aquellos que cometen esos delitos y derrotarlos. Son enemigos del pueblo”.

Aguilera calificó esta ley como una herramienta de lucha a favor de los consumidores. La primera discusión se realizó este jueves, y el legislador estima que este mismo mes lograrán aprobarla en la plenaria.

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En la cuenta del día de ayer también figuraba la aprobación de un traspaso de partida, con recursos correspondientes a ingresos ordinarios, para ser destinados a la Dirección de Presupuesto de la Gobernación de Anzoátegui.

Se designó, además, la comisión que estudiará el informe de gestión del gobernador Tarek Saab. El grupo será presidido por la parlamentaria Margarita Alcalá y la acompañarán Juan Ortega y Alis Carreño.